Tras nueve años de tramitación, el Congreso despachó a ley el proyecto que crea el Centro de Automatización de Tratamiento de Infracciones (CATI), lo que implica que desde el segundo semestre de este año, quienes circulen a exceso de velocidad, en momentos de restricción vehicular, por vías exclusivas o no respeten una luz roja, podrían recibir una infracción de tránsito automatizada sin la necesidad de que un carabinero fiscalice dicha acción ilegal.
Los jueces de Policía Local del país, que son los competentes para revisar las multas de tránsito, analizan el escenario que se le abre a este tipo de tribunales con este nuevo sistema automatizado. Los tres magistrados consultados, integrantes además del directorio del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local (INJPL), coinciden en destacar que esta nueva tecnología “es muy importante porque permitirá salvar vidas”, aunque reparan en cómo se encuentra el sistema de justicia que ellos integran para poder recibir la carga de reclamaciones que podrían surgir ante esta nueva cantidad de infracciones que se proyecta, donde existe una evidente “brecha digital” que se debe acortar, dicen.
El juez de Policía Local de Vichuquén, Mirko Bonacic-Doric, quien durante años ha seguido el debate en el Congreso en torno a este proyecto, explica que “como el límite punitivo del Estado es que las personas puedan reclamar judicialmente, serán los juzgados de Policía Local los depositarios de aquellas reclamaciones”. Añade que lo importante es saber “cómo van a conversar estos dos sistemas, porque tenemos este CATI, este centro automatizado que va a marcar un antes y un después en términos administrativos en la gestión de las infracciones, con tecnología de punta y una plataforma a la que vamos a tener acceso como jueces, donde cada persona podrá ver y pagar sus infracciones, y ahí se va a producir un problema de lenguaje entre un sistema con tecnología de punta y otra con procedimiento propio del siglo XIX, con expedientes en papel, con actuarios, entre otros”.
Bajo ese diagnóstico, el juez del Maule hace un llamado a las autoridades del Ejecutivo y del Poder Judicial a “nivelar hacia arriba, ya que el CATI y otras reformas a los sistemas de justicia nos marcan un estándar en el que somos nosotros los que tenemos que subirlo”.
Bonacic-Doric dice que en este escenario surgen varias interrogantes: “¿La gente que quiera reclamar por una infracción podrá comparecer por audiencias virtuales o tendrá que ir presencialmente? ¿Deberá presentar sus descargos ante el tribunal o habrá una plataforma para ello? Esas son preguntas que hay que resolver”.
La mayoría de las infracciones “se van a reclamar”
Se suma al análisis la presidenta del INJPL, Carola Quezada, jueza de Policía Local de Coquimbo, quien plantea que “vamos a seguir conociendo las reclamaciones que se presenten por las causales que señale la ley, y la experiencia nos indica que la mayor cantidad de las veces estas infracciones se van a reclamar”.
La magistrada coincide con el juez de Vichuquén y también destaca que el problema es cómo van a conversar estos dos sistemas, en atención a la gran brecha tecnológica que existe entre la implementación de este sistema súper moderno, de países del primer mundo, y la realidad actual de los juzgados de Policía Local de todo el país, que tienen una carencia tecnológica y material que no se condice con la realidad de los procesos, de partida porque, por ejemplo, aún no tenemos tramitación electrónica.
Mientras, el juez de Policía Local de Carahue, en la Región de La Araucanía, Guido Sagredo, añade que “en estos momentos es urgente que los juzgados de Policía Local introduzcan la tramitación electrónica de una buena vez, pero esto no se trata solo de introducirla, considerando que son los únicos tribunales que todavía no la tienen”.
Este tipo de tribunales especiales son supervisados por la Corte de Apelaciones, pero además dependen administrativamente de cada municipio; por lo tanto, los recursos con los que cuentan responden a la realidad financiera de cada comuna, la que no es igual, recuerdan los expertos, en todo el país y los recursos con los que cuenta, por ejemplo, el juzgado de Policía Local de Vitacura, son muy distintos de los que puede disponer una comuna rural o con presupuestos más limitados.
Igualdad ante la justicia
Es por este punto que Sagredo añade que no solo basta con introducir la tramitación electrónica y que con la implementación del CATI “se debe considerar la heterogeneidad de los recursos con que cuentan los JPL de todo el país, porque, de lo contrario, se mantendrá vigente la actual desigualdad de oferta de servicios que estos tienen, porque como cada municipalidad tiene distinta capacidad económica, lo cierto es que la prestación que tienen estos tribunales es desigual, lo que atenta directamente contra un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico, que es la igualdad ante la justicia”.
Precisa que “tenemos una inmensa realidad que viven los juzgados de Policía Local que no cuentan con sistemas electrónicos digitalizados que les permitan ‘hacer carne’ esta ley, que tiene un objetivo importantísimo, como es salvaguardar la vida e integridad física de los usuarios viales. No es posible que en una comuna el estándar de atención a un ciudadano sea distinto al de otra. El acceso a la justicia de las personas es lo que está en juego”.
Fuente: El Mercurio
