Se estima que la población sin acceso a servicios de Internet es de cerca de 2.9 mil millones de personas (37.5% de la población a nivel global), la que se ubica usualmente en zonas remotas y/o rurales que son difíciles de alcanzar mediante los mecanismos tradicionales de mercado, sea por los altos costos de despliegue de infraestructura o el poco atractivo comercial para operadores tradicionales.

 

El reporte elaborado por Connect Humanity, Mecanismos de Financiación de la Infraestructura de Internet de Propiedad Local, señala que el apoyo a la operación de operadores comunitarios, mediante nueva regulación y alternativas de financiamiento para el despliegue de infraestructura, permitiría acelerar los esfuerzos para el cierre de la brecha digital en el mundo.

 

El informe advierte que aunque los operadores comerciales han logrado conectar a miles de millones de personas en el mundo, comienzan a llegar a su límite: “Simplemente no está en sus modelos de negocio invertir en comunidades de bajos ingresos, usualmente rurales, que no ofrecen los márgenes de beneficios que usualmente esperan”.

 

La publicación destaca que se deben explorar nuevas alternativas, como el impulso a los proveedores comunitarios de conectividad (CCP, por sus siglas en inglés), ya sean redes municipales o empresas sociales, que ayuden a superar esta brecha en aquellas zonas que carecen de infraestructura o servicios asequibles y de calidad.

 

 

“La mayoría de los CCPs operan para cerrar la brecha digital en regiones que tradicionalmente se han clasificado como ‘no rentables’. De manera importante, ayudan a crear y retener valor dentro de las comunidades locales”, explica.

 

Financiamiento

 

 

A pesar del papel que podrían desempeñar como habilitadores de conectividad, el informe advierte que este tipo de esquemas usualmente tienen dificultades para acceder al capital necesario para el despliegue de la red, por lo que se requiere de una nueva “infraestructura financiera” que impulse la operación de este tipo de proveedores.

 

 

“El acceso inclusivo de Internet solo se puede desbloquear a través de la financiación y la intervención política”, agrega el reporte.

 

En particular para América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que se requieren cerca de 68 mil millones de dólares para acercar la región a los niveles de conectividad similares al promedio de la OCDE.

 

Entre los principales retos financieros que deben enfrentar estos operadores destacan: superar el riesgo inicial de su operación y lograr la madurez de largo plazo para operar una red de Internet; hacer frente a los altos costos de infraestructura pasiva (bajas economías a escala, costos hundidos, alta burocracia), y altos costos operativos.

 

 

Para lograr el éxito de este tipo de proveedores, el informe señala la importancia en la participación de diversos actores, incluyendo gobiernos e inversionistas, así como la creación de regulación y políticas adecuadas que les permita sortear los retos financieros y de despliegue.

 

 

Connect Humanity recomienda que los CCPs deben ser integrados a las estrategias nacionales de conectividad; se deben simplificar las regulaciones y procedimientos respecto al estado legal de los proveedores; ofrecer opciones de acceso a espectro barato, así como a infraestructura pasiva o compartida, y crear acceso abierto mayorista a redes backhaul o invertir en infraestructura física.

 

 

El estudio se basa en el análisis de 11 casos a lo largo de 10 países, incluyendo B4RN, que se dedica al despliegue de fibra óptica en zonas rurales del Reino Unido; guifi-net en España, que promueve la instalación de infraestructura abierta y neutral, y Rhizomatica en México, que ayuda a comunidades locales en el despliegue de infraestructura.

 

Fuente: dplnews.com

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