Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), casi la mitad de los habitantes del planeta (alrededor de 3.600 millones de personas) carece de acceso a la Internet.
La desigualdad se torna más profunda cuando hablamos de regiones. Datos de Internet World Stats indican que, a mayo de 2020, en África solo el 39,3% de sus habitantes vivían conectados, frente al 87,2% de los europeos y al 94,6% de los norteamericanos. En Sudamérica, la cifra es igual al 78,9%. Esto evidencia el abismo tecnológico que separa a unos países de otros, a pesar de que las redes 3G y 4G, y la nueva 5G, llegan y/o están por llegar a casi todos los rincones del planeta.
A su vez, si lo analizamos desde una perspectiva de género, se estima que la brecha digital afecta al 52% de las mujeres y al 42% de los hombres en el mundo.
Datos de la GSMA evidencian que la industria móvil ha ayudado a conectar a Internet a más de 3.500 millones de personas (47% de la población mundial). En efecto, el celular es hoy el medio principal de acceso a Internet en los países de ingresos bajos y medios.
No obstante, la brecha de cobertura de aquellos que viven fuera de áreas cubiertas por redes de banda ancha móvil continúa disminuyendo por debajo de los umbrales de 1.000 millones y, ahora, se sitúa en 750 millones de personas. Desde 2014, la brecha se ha reducido a más de la mitad, del 24% al 10% de la población mundial.
La aceleración del despliegue de redes por parte de los operadores móviles en África subsahariana, por mencionar un ejemplo, ha sido un factor clave de la reducción de la brecha de cobertura. El despliegue de infraestructura aumentó la cobertura de 3G, pasando de 63% (en 2017) al 70% (en 2018), y ampliando el acceso a más de 80 millones de personas.
Si bien en la actualidad, 3.300 millones de personas en el mundo viven en áreas cubiertas por redes de banda ancha móvil, según la GSMA, no utilizan Internet móvil. Esto evidencia que la “brecha de uso” puede llegar a ser mayor que la “brecha de cobertura”.
Cabe destacar que la conectividad no siempre sigue inmediatamente a la cobertura: a menudo hay un desfase entre la creación de un entorno propicio para Internet móvil y un aumento significativo en su adopción. Sin embargo, en 2018, por primera vez entre la población cubierta por un móvil red de banda ancha había más usuarios de Internet móvil que no usuarios.
Sigue habiendo una brecha persistente entre las zonas rurales y urbanas en el acceso a Internet móvil. Las poblaciones rurales de los países de ingresos bajos y medios tienen un 40% menos de probabilidades de utilizar Internet móvil que las poblaciones urbanas.
También existe una brecha de género persistente. Las mujeres de los países de ingresos bajos y medios tienen 23% menos de probabilidades que los hombres de utilizar Internet móvil. La brecha rural-urbana y la brecha de género son mayores en el sur de Asia y África subsahariana.
En los países de ingresos bajos y medios, la asequibilidad, los reducidos niveles de alfabetización y habilidades digitales, la falta de relevancia percibida y las preocupaciones por la seguridad son las barreras más importantes para el uso de Internet móvil. Abordar estas barreras es fundamental para reducir aún más la brecha de uso e impulsar la inclusión digital.
Los datos móviles siguen siendo más asequibles en todas las regiones. El sur de Asia tiene algunos de los mejores niveles de asequibilidad del mundo. Sin embargo, más de la mitad de los países de ingresos bajos y medios aún no alcanzan el objetivo de servicios de banda ancha que cuesten menos del 2% del ingreso mensual per cápita.
El costo de los dispositivos habilitados para Internet no ha disminuido significativamente. Esto sigue siendo una barrera clave para la propiedad de dispositivos móviles y la adopción de Internet móvil en los países de ingresos bajos y medios. En más de la mitad de estas naciones, el costo de un dispositivo de nivel de entrada habilitado para Internet es más del 20% del ingreso mensual promedio.
Al igual que en los países de ingresos altos, la mensajería instantánea y las redes sociales dominan el uso de Internet móvil en los países de ingresos bajos y medios. Las llamadas en línea, leer las noticias, ver vídeos gratis y jugar son las actividades más populares.
La calidad y confiabilidad de la red siguen siendo un problema en muchas de estas naciones, especialmente donde se ha asignado menos espectro de banda que la capacidad. Si bien la gran mayoría de los países de ingresos bajos y medios ha alcanzado velocidades de descarga de banda ancha móvil promedio superiores a 2 Mbps, todavía existe una brecha significativa en comparación con los países de ingresos altos.
Las brechas digitales, especialmente la de alfabetización digital, afectan a todos los países en mayor o menor grado. Un estudio titulado “Reducir las brechas digitales: un marco de colaboración digital”, elaborado por Digital Future Society, indica que, solo en China y Estados Unidos, la brecha de uso afecta al 41% (575 millones de personas) y al 23% de la población (76 millones de personas), respectivamente. En Europa, la brecha de uso alcanza al 26% de la población (193 millones de personas), mientras que en África subsahariana es del 41%, y en el sur de Asia asciende hasta el 56%. Lo anterior evidencia que no se trata de un problema “del sur global”.
Por ejemplo, uno de cada cinco habitantes del Reino Unido no tiene conocimientos digitales básicos. Además, en las universidades de Estados Unidos ha descendido el número de mujeres que se gradúan en informática, pasando del 37,1% (en 1984) al 18% (en 2018).
El último informe Digital Economy and Society Index (DESI), de la Comisión Europea, muestra la existencia de diferencias en materia de competencias digitales en la Unión Europea: el 43% de la población carece de conocimientos digitales suficientes y el 17% no tiene ninguno, lo que significa que las personas nunca o rara vez han utilizado Internet.
En este escenario, los responsables políticos, incluso en los países más desarrollados, deberían ampliar su radio de acción más allá de la simple adopción de soluciones digitales y centrarse en la alfabetización digital.
Philip Alston, relator de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema, critica lo que denomina “estado de bienestar digital” en el que las instituciones públicas han tomado decisiones cruciales de digitalización de servicios “sin consultar” o “sin celebrar ningún debate normativo significativo”. Alston lamenta la falta de responsabilidades públicas cuando se emplean las tecnologías digitales “para vigilar, singularizar, acosar y castigar a los beneficiarios, especialmente los más pobres y vulnerables”.
Según datos del Digital Economy and Society Index Report 2020 – Human Capital, en 2018, alrededor de 9,1 millones de personas trabajaron como especialistas en TIC en la Unión Europea (1,6 millones más que cuatro años antes). No obstante, sigue habiendo escasez de especialistas en el mercado laboral: el 64% de las grandes empresas y el 56% de las pymes que contrataron especialistas en TIC durante 2018 informaron que las vacantes de este tipo de especialistas son difíciles de cubrir. El problema está aún más extendido en países como Rumanía y República Checa, donde, al menos, el 80% de las empresas que contrataron o intentaron contratar especialistas en TIC informó acerca de tales dificultades.
El texto destaca que también existe un problema de equilibrio de género, ya que solo uno de cada seis especialistas en TIC son mujeres. En general, en la dimensión de capital humano del DESI, Finlandia, Suecia y Estonia son los más avanzados.
A nivel de usuario, el 2019 hubo una mejora tanto en las habilidades de las personas (al menos, habilidades digitales básicas) como en las habilidades avanzadas (graduados en TIC y especialistas). El informe señala que el porcentaje de personas que tienen, al menos, habilidades digitales básicas, alcanzó el 58% (frente al 55%, en 2015). Sin embargo, una gran parte de la población de la Unión Europea todavía carece de habilidades digitales básicas, aunque la mayoría de los trabajos requieren dichas habilidades.
La falta de conocimientos sobre las tecnologías digitales supone una amenaza importante para los derechos civiles y el crecimiento equitativo. El Digital Economy and Society Index Report 2020 – Human Capital evidencia que casi la mitad de la población mundial permanece aún desconectada, y aunque el acceso sigue siendo una brecha digital fundamental, facilitar esto no implica que las personas tomen automáticamente conciencia de las ventajas de estar conectadas, ni que cuenten con la capacidad de comprensión o con los conocimientos necesarios para disfrutar de ellas.
Dado lo anterior, los analistas apuntan que el punto de partida de quienes deseen hacer frente a las brechas digitales a largo plazo no debe ser “cerrar la brecha digital” en los países en desarrollo, como si solo fuera un problema de esos países. A su vez, señalan que los grupos de interés, y especialmente los responsables políticos, deben ir mucho más allá de simplemente reducir la brecha de acceso.
Un informe elaborado por la UNESCO, titulado “Sociedad digital: brechas y retos para la inclusión digital en América Latina y el Caribe”, señala que conectar a los más de 200 millones de latinoamericanos que permanecen desconectados representa un desafío complejo que requiere no solo de innovaciones tecnológicas y comerciales, sino también nuevos modelos de colaboración entre los gobiernos y el sector privado.
El texto indica que los operadores de servicios de telecomunicaciones han jugado un papel clave en la extensión de las redes y el desarrollo de nuevos modelos de negocio, posibilitando la conectividad a millones de personas previamente marginadas de los servicios de comunicación tradicionales. Sin embargo, por sus características sociodemográficas, la población hoy desconectada de Internet en América Latina representa un mercado mucho menos atractivo para el sector privado. Esto requiere formular nuevos esquemas público-privados a fin de universalizar la conectividad en la región.
Llama la atención la desaceleración en el ritmo de crecimiento de la población conectada a Internet en América Latina y el Caribe. Esta representa un importante desafío de política. En particular, a medida que se expande la cobertura de servicios de banda ancha móvil (3G o 4G) se observa una creciente brecha de demanda, concepto que captura las diferencias entre la cobertura de la infraestructura de Internet y las suscripciones al servicio.
Según estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), las redes de banda ancha móvil cubren aproximadamente al 90% de la población de la región. Sin embargo, existen poco más de 54 suscripciones de banda ancha móvil por cada 100 habitantes. Esto representa una brecha de demanda de aproximadamente 200 millones de potenciales usuarios, cuyas causas deben buscarse en factores sociodemográficos y de capital humano.
Según la UNESCO, hay diversas variables que definen a los conectados y no conectados en América Latina.
Un primer factor es la educación. Se constata un incremento más rápido de la adopción de Internet a medida que el nivel educativo aumenta. Esta relación también se mantiene cuando se controla por el nivel de ingresos y otras variables demográficas. Por ejemplo, un graduado universitario es, por lo menos, dos veces más propenso a usar Internet, en comparación con el escenario de una persona que no ha completado la escuela primaria. Este resultado corrobora el llamado sesgo de habilidades de Internet, cuyo aprovechamiento tiende a favorecer a quienes cuentan con mayores conocimientos.
Un segundo factor es la edad. La utilización de Internet en la mayoría de los países es muy alta en la población menor a 24 años, pero luego tiende a reducirse hasta alcanzar niveles bajos en la población de mayor edad. De hecho, los adultos mayores resultan ampliamente rezagados en la utilización de servicios en línea, lo que refuerza la problemática de exclusión en este grupo etario.
Una tercer variable es el género, que si bien está presente, varía según el país. Por ejemplo, la brecha de acceso es particularmente significativa en países como Bolivia y Perú (alrededor de 8 puntos porcentuales), mientras se verifica también un ligero sesgo masculino en el uso de Internet en el caso de Ecuador (3 puntos porcentuales). No obstante, en el resto de los países no se observan diferencias estadísticamente significativas. Vale resaltar que, de modo general, la brecha de género relativa al acceso en la región es significativamente menor que la encontrada en otras regiones emergentes.
Un cuarto punto es la ubicación geográfica. Conectar a los habitantes de zonas aisladas y de baja densidad de población sigue siendo uno de los retos más importantes para América Latina y el Caribe. En efecto, existe una brecha de acceso residencial significativa entre hogares urbanos y rurales. En términos relativos, las mayores brechas se detectan en países de bajos ingresos como Bolivia y Honduras, donde la conectividad en hogares urbanos es casi cinco veces mayor que la de hogares rurales. En países de mayor riqueza, como Brasil, la brecha se reduce ligeramente, siendo la conectividad urbana tres veces mayor a la rural.
La lengua es otra de las variables. América Latina es una región multilingüe con cientos de lenguas indígenas que todavía son habladas en el día a día, en particular en Centroamérica y la Región Andina. Se estima que 40 millones de personas hablan una lengua indígena y, para muchos, este es su primer idioma. Sin embargo, estas lenguas están poco representadas en Internet. Aunque se carece de estimaciones precisas, los expertos coinciden en que sólo un puñado de lenguas (entre ellas la española) dominan los contenidos en línea, reduciendo así los incentivos de adopción para los hablantes nativos de lenguas indígenas.
Un sexto punto hace referencia a los niños en edad escolar. Diversos estudios sugieren que los padres, incluso los que tienen limitados recursos financieros o educativos propios, comprenden el valor del acceso a Internet en la determinación de las oportunidades de movilidad social de sus hijos. En tal sentido, la presencia de niños en edad escolar en el hogar tiene un impacto positivo sobre la probabilidad de tener acceso residencial, desplazando hacia arriba la demanda de conectividad.
Finalmente, destaca el valor del acceso a Internet para las personas con alguna discapacidad, debido a su potencial de reducir la exclusión económica y social que enfrenta este grupo. En particular, la conectividad abre oportunidades de inserción laboral y educativa remota, de acceso a servicios de salud y protección social, así como de acceso a participación ciudadana y cultural a personas con limitaciones de movilidad u otras formas de discapacidad. Sin embargo, la evidencia comprueba que este grupo enfrenta retos al acceso a Internet: en el promedio para los países en los cuales se cuentan con datos, las personas con discapacidad tienen una probabilidad casi cinco veces menor de estar conectadas respecto a las personas sin discapacidad.
Las brechas digitales no pueden reducirse únicamente con el acceso a Internet y a los dispositivos digitales. La creación de un contexto de colaboración digital puede conducir a una respuesta más eficaz y sostenible ante los desafíos que la creciente digitalización de la sociedad plantea en todo el mundo.
Esos retos exigen un enfoque integral que potencie una interrelación de causas, grupos sociales, intereses económicos y conocimiento contextualizado que vaya más allá de ofrecer tecnologías y favorezca el empoderamiento de la ciudadanía.
Como explica la ONU en el informe “La era de la interdependencia digital”, para aprovechar el potencial de las tecnologías digitales debemos cooperar en relación con los ecosistemas más amplios que hacen posible que las tecnologías digitales se utilicen de manera inclusiva. Para lograr lo anterior, son necesarios marcos de políticas que apoyen directamente la inclusión económica y social, iniciativas específicas para poner en primer plano a los grupos tradicionalmente marginados, inversiones de peso en capital humano e infraestructura, entornos regulatorios inteligentes y esfuerzos significativos para ayudar a los trabajadores cuyos medios de vida se ven alterados a causa de la tecnología.
En este escenario, es indispensable la colaboración digital, es decir, las formas mediante las cuales colaboramos para hacer frente a las consecuencias sociales, éticas, jurídicas y económicas de las tecnologías digitales con el fin de maximizar los beneficios y minimizar los perjuicios.
Una de las mayores deficiencias del sistema actual es la desconexión existente entre las plataformas de debate multisectoriales, por ejemplo el Foro para la Gobernanza de Internet (FGI) y los organismos de toma de decisiones nacionales e internacionales, donde los responsables deciden con demasiada frecuencia en solitario. Por ende, quizá uno de los aspectos más relevantes es poner en valor a la ciudadanía; situarla en el centro de la cuádruple hélice y completar su visión con la de las organizaciones internacionales a causa del alcance global de las brechas de alfabetización digital.
Si bien la era digital ha traído a la sociedad muchos beneficios, también enfrentamos muchos desafíos. En este escenario, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha elaborado una hoja de ruta en la que todas las partes interesadas desempeñan un papel en el avance hacia un mundo digital seguro y equitativo.
La misma está basada en las recomendaciones del Panel de Alto Nivel para la Cooperación Digital del Secretario General, convocado entre 2018 y 2019, y conformado por actores de diversos gobiernos, del sector privado, de la sociedad civil, organizaciones internacionales, instituciones académicas, la comunidad técnica y otros actores relevantes que, en conjunto definieron ocho acciones clave:
Actualmente, la mitad de la población mundial no tiene acceso a Internet. Para 2030, todas las personas deberían tener un acceso seguro y asequible a la red, incluido un uso significativo de los servicios habilitados digitalmente en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Alentar e invertir en la creación de bienes públicos digitales tales como software libre, open data, modelos abiertos de Inteligencia Artificial (IA), estándares abiertos y contenido libre. Estos bienes públicos digitales deben respetar la privacidad y otras leyes y mejores prácticas aplicables, no causar daño y ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La brecha digital refleja y amplifica las desigualdades sociales, culturales y económicas existentes. La brecha de género en el uso global de Internet es un claro ejemplo: en dos de cada tres países, más hombres usan Internet en comparación con las mujeres. Desafíos similares afectan a los migrantes, refugiados, desplazados internos, personas mayores, jóvenes, niños, personas con discapacidad, poblaciones rurales y pueblos indígenas. La idea es cerrar estas brechas mediante mejores métricas, recopilación de datos y coordinación de iniciativas.
Muchos países y ciudadanos se ven privados de capacidades y habilidades cruciales para la era digital y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La creación de capacidad digital debe estar más impulsada por las necesidades y adaptarse a las circunstancias individuales y nacionales. Además, debe estar mejor coordinada a nivel mundial.
Las tecnologías digitales proporcionan nuevos medios para ejercer los derechos humanos pero, con demasiada frecuencia, se utilizan para violar dichos derechos. Los marcos regulatorios y la legislación sobre el desarrollo y uso de tecnologías digitales deberían tener los derechos humanos en su centro. La protección de datos, la identificación digital, el uso de tecnologías de vigilancia, el acoso en línea y la gobernanza del contenido son motivo de especial preocupación.
La IA aporta enormes beneficios a la era digital, pero también puede comprometer significativamente la seguridad y la capacidad de acción de los usuarios en todo el mundo. Se necesitan esfuerzos mejorados de las múltiples partes interesadas en la cooperación global en IA para ayudar a construir la capacidad para el desarrollo y el uso de esta tecnología, de manera que sea confiable, basada en los derechos humanos, segura y sostenible y que promueva la paz.
Es necesario salvaguardar las tecnologías digitales que sustentan las funciones y las infraestructuras sociales fundamentales, incluido el apoyo del acceso a alimentos, agua, vivienda, energía, atención médica y transporte. Una declaración amplia y global que describa los elementos comunes de un entendimiento sobre la confianza y la seguridad digitales, respaldada por todos los Estados miembros podría ayudar a dar forma a una visión compartida de la cooperación digital basada en valores globales.
Existen importantes lagunas en la cooperación digital global; además, los problemas de la tecnología digital suelen ocupar un lugar bajo en las agendas políticas. Incluso cuando ha habido cooperación, con frecuencia está fragmentada y carece de resultados tangibles o de procesos de seguimiento sólidos. Como punto de partida, se debe fortalecer el Foro de Gobernanza de Internet para que sea más receptivo y relevante a los problemas digitales actuales.
Los siguientes casos prácticos de alfabetización digital describen iniciativas de alfabetización digital multilaterales de países desarrollados y en vías de desarrollo. Los ejemplos ilustran diferentes escalas y contextos de intervención:
• Red comunitaria TunapandaNET (Kenia): iniciativa dirigida por la comunidad para formar a jóvenes con bajos ingresos y educadores. Ámbito de aplicación: un vecindario local.
• Medellín Digital y Ruta N (Colombia): iniciativa liderada por la ciudad para fomentar la economía del conocimiento. Ámbito de aplicación: toda la ciudad, con efectos a nivel nacional.
• Digital Springboard (Australia): iniciativa nacional dirigida por el sector privado que ofrece formación digital básica para encontrar empleo en Australia. Ámbito de aplicación: nacional.
• Vision Empower – Estado de Karnataka (India): iniciativa de una empresa social cuyo objetivo es abordar la brecha de capacitación digital que afecta a los alumnos con discapacidades. Ámbito de aplicación: regional.
El común denominador de estas iniciativas es el enfoque colaborativo y de ecosistema estratégico, ya que cada organización parte de un proceso de colaboración digital en el que participan diversos grupos de interés.
En cada ejemplo, el acceso a las TIC, por sí solo, no resuelve completamente la brecha digital, sino que contribuye debido a su valor para los beneficiarios, como ilustra el caso de Kenia. También debe ir acompañado de competencias que permitan obtener ventajas socioeconómicas, como muestran los casos de Colombia y Australia. Por último, el acceso debe adaptarse a los usuarios digitalmente excluidos, como demuestra el caso de la India.
La brecha digital en el mundo y por qué provoca desigualdad.
Hoja de ruta para la cooperación digital: aplicación de las recomendaciones del Panel de Alto Nivel sobre la Cooperación Digital.
¿Qué es la brecha digital?
The State of Mobile Internet Connectivity 2019.
Human Capital and Digital Skills.
Sociedad digital: brechas y retos para la inclusión digital en América Latina y el Caribe.
Nuestra plataforma es una herramienta para aumentar el bienestar del país que, en conjunto y con acción de diversos actores del medio, pondrá a disposición de la familia una completa guía digital.
